domingo, 23 de agosto de 2015

SE LOS DIJE...

Y es que desde hace once años, cuando en el año dos mil cuatro escribí mi libro" LOS PASIVOS LABORALES DEL SECTOR PUBLICO, UNA BOMBA DE TIEMPO, advertía que los pasivos contingentes o pasivos laborales del sector publico, que el gobierno federal, actuando como patrón, durante sexenios vino no solo adquiriendo, sino peligrosamente incrementando, habían llegado a niveles escandalosos y que constituían  una verdadera bomba de tiempo, que no solo amenazaba las finanzas publicas, sino que desafortunadamente presagiaba también el colapso de la seguridad social, advertía que el tiempo se agotaba. que nuestro país no podía seguir caminando hacia el precipicio, que urgía actuar y no seguir postergando el problema, y que paso?... Nada, o casi nada, pues de no ser  la  reforma que Felipe Calderón hizo de la ley del ISSSTE, y la osada desaparición de la obsoleta COMPAÑÍA DE  LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, y su nefasto sindicato, no ha pasado absolutamente nada, y por ello, esa bomba de tiempo ha empezado ya a detonar, pues si no vean el análisis que la prestigiosa editorial Forbes hace sobre el tema...


El problema de las pensiones ya esta aquí…
El problema es grave y ya está aquí: el pago de pensiones engrosa la deuda de estados y universidades, y amenaza con quebrar las finanzas públicas. Y mientras muchos jubilados tienen que trabajar por las bajas pensiones que reciben, otros cobran pensión doble y ganan como altos ejecutivos.
Por Orquídea Soto...
El pasado 28 de mayo Roberto Hernández con­tó el tortuoso camino que emprendió su padre a fin de ganar lo suficiente para vivir. Su progenitor es ingeniero mecá­nico con un MBA (Master in Business Administration), pero no encuentra trabajo por una deficiencia auditiva. “La tragedia fue completa el día en que los pesos de su pensión se volvieron nuevos pesos y luego sólo pesos, y así como se hicieron invisibles los ceros en nuestra moneda, se hizo invisible su ahorro para el retiro”, contó Hernández.
Casos como éste en que la pensión es insuficiente para cubrir necesida­des básicas es un recordatorio de que se acerca la fecha de caducidad para los distintos sistemas de pensiones que coexisten en México, con conse­cuencias para las finanzas públicas.
En su estado actual, el problema ya rebasó la capacidad financiera del estado mexicano. Si el gobierno quisiera que millones de trabajado­res como Hernández tuvieran una pensión que les permita mantener su nivel de vida, tendría que inyec­tar al sistema el equivalente 31.6% del PIB (unos 4.2 billones de pesos), calcula la consultora De la Calle Madrazo Mancera.
Otra evidencia del deterioro está en la Universidad de Oaxaca, institución que hoy tendría que recibir 150 millones de pesos (mdp) para evitar que en cinco años tenga que destinar más dinero al pago de pensiones que al pago de su nómina de ese momento, advirtió a finales del año pasado el rector, Eduardo Martínez Helmes. A las pensiones insuficientes y al hueco financiero que producen, se suman casos de mal manejo, como los en­contrados por la Auditoría Fiscal de la Federación, un organismo de la Cámara de Diputados, que desde su informe de 2013 reportó casos de pensionados en la Universidad de Nuevo León que recibían más de 200,000 pesos mensuales.
Para tapar el hoyo que ya tienen las finanzas esta­tales, cada año el gobierno mexicano toma 528,000 mdp, equivalentes a 3.8% del PIB, del dinero debería ir a dependencias federa­les, como las secretarías de estado.
Y luego están los trabajadores de empresas estatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de burócratas de gobiernos estatales y universidades públicas, cuyos trabajadores no aportan al sis­tema pero reciben una pensión con cargo al presupuesto público.
Para complicar más el esce­nario, el aumento en la expec­tativa de vida, que ya sobrepasa los 70 años, extiende el tiempo de cobertura de las pensiones y configura una amenaza más para los recursos públicos. “El tema de envejecimiento está acercando a México cada vez más a una crisis financiera”, opina Moisés Pérez, analista de Invex.
Quienes hoy tienen entre 25 o 35 años serán adultos mayores en 2050, y para entonces habrá 13 mexicanos en edad de recibir una pensión por cada 10 jóve­nes laboralmente activos y aportantes al sistema. O dicho de otra manera, por cada pensionado, habrá sólo tres trabaja­dores activos, advierte Leopoldo Somohano, director corporativo de Planeación Estratégica de Principal Financial Group México.
Aunque el cataclismo parece lejano, los exper­tos advierten que este es el momento de comenzar a aplicar soluciones o, con el paso del tiempo, atajar el problema será más difícil y costoso. Dicho de otra manera, en 20 años se necesitarán seis millones de empleos nuevos para mantener el sistema en equili­brio, algo que se ve difícil de cubrir pues hasta ahora la meta de crear un millón de empleos anuales no se ha podido alcanzar por los distintos gobiernos, señala Miguel Ángel Corro Manrique, director del Departamento de Economía del Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe.
Pero la emergencia ya está aquí. Las universidades estatales tienen con relación a las pensiones 400,000 mdp no fondeados, es decir, que no tienen reservas para hacerle frente a ese adeudo, como es el caso de Oaxaca, estima Esteban Martina, socio director de Pro Consulting.
Una característica del sistema de pensiones en México es su alta fragmentación  (coexisten un siste­ma de reparto y uno de capitaliza­ción individual), debido a que han respondido a distintas problemáti­cas, muchas de ellas asociadas con negociaciones contractuales en el sector público, y no a una política social planificada.
En México se reportan 104 programas de beneficio definido (en este esquema el trabajador no ahorra para su retiro), según Andrés Castro, presidente ejecutivo para Latinoamérica de SURA, una de las empresas que administra pensio­nes bajo el sistema de capitaliza­ción individual. Destacan el de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex, pero también están los de la mayoría de los gobiernos y universidades estatales. Hay casos como el de Nuevo León que ya hizo reformas para resolver el problema.
El IMSS en 1997 y el ISSSTE en 2010 pasaron de un esquema de aportaciones colectivas a uno conformado por cuentas individuales, en el que cada trabajador es responsable de su jubilación. El argumento para realizar la reforma fue que el sistema de beneficios definidos ya no era sostenible, pues cada vez tendríamos más personas en la vejez y menos en edad productiva, por lo tanto, habría más egresos (pensio­nes) que ingresos (aportaciones). Como resultado de esa reforma, se crearon las afores, que hoy administran 2.4 billones de pesos.
Pero fue una solución parcial y que no resolvió el problema financiero. Por un lado, los trabajadores que empezaron a cotizar antes de las reformas conservan su derecho a obtener una pensión bajo el antiguo régimen. Tan sólo cubrir el pago de pensiones de los empleados que empezaron a cotizar antes de las re­formas, con base en la Ley del IMSS de 1973, costará al gobierno federal 30% del PIB, calcula De La Calle.
Pero además persisten los pasivos por pensiones del IMSS, Pemex, CFE, universidades públicas y gobier­nos estatales, que hoy superan en valor a la economía mexicana, pues equivalen a 116% del PIB y son, por tanto, la quiebra técnica, pues estos compromisos son financieramente imposibles de cumplir.
Tan sólo los pasivos laborales del IMSS, en el rubro de beneficios definidos, equivale a 1.5 billones de pesos, esto es más de 10% del PIB, mientras que el presupuesto total del Instituto es de 497,695 mdp, según su último informe entregado al Congreso.
El costo fiscal del pasivo laboral del IMSS entre 2012-2050 será de 32.9% del PIB, sobre todo por el pago de pensiones relacionadas con la Ley de 1973, es decir aquella generación que tiene derecho a una pensión garantizada, pero también porque crecerá la población en edad para jubilarse.
“Es un problema serio –explica Tapen Sinha, investigador del Itam. El dinero que se contribuyó (para esas pensiones no está en un fondo), la ma­nera que se fondean esas pensiones es simplemente con recursos públicos.”
Además, están los empleados de Pemex, que no ahorran para su retiro porque ni la ley ni su contrato colectivo se los exige. Ese dere­cho a la pensión, sin obligación de contribuir a su financiamiento, ha generado una deuda de 10% del PIB, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Papa caliente
La mayor presión para las finanzas públicas proviene en mayor medida de los sistemas de pensiones de los gobiernos estatales. Aun así, el asunto de las pensiones no está considerado en la reciente reforma constitucional en materia de disciplina financiera de estados y municipios. Ni siquiera porque dentro de 10 años el pago de pensiones representará casi la mitad de toda la nómina estatal 46%, según estimaciones de la calificado­ra Standard & Poor’s (S&P).
El gobierno federal ya destina hoy el equivalente a 3.1% del PIB, cerca de 530,000 mdp para el pago de pensiones estatales, y toma ese dinero del gasto programable, es de­cir, de lo que hace llegar a entidades federales, como son las secretarías de estado.
Según un informe de la Audito­ría Superior de la Federación, 45.1% de las universidades dispone de un sistema de pensiones propio, es decir, independiente al ISSSTE, pero a la vez sus trabajadores reciben pensiones de alguna institución de seguridad social (IMSS o ISSSTE).
La duplicidad es uno de los grandes problemas de los sistemas de pensiones, señala Alejandro Villagómez, profesor investigador del CIDE, y que hace necesario, agrega, avanzar hacia la creación de un sistema de pensiones homogéneo.
Pero no es la única distorsión. Al mismo tiempo que el dinero para las pensiones tiene que tomarse de otro lado, hay pensiones de 200,000 pesos al mes, como en la Universidad de Nuevo León. Los pasivos de pensiones relacionados con el gremio de los maestros son los que más tienen en aprietos a los gobiernos estatales.
Lo más que pueden hacer la mayoría de los estados es mantenerse al día en el pago de las pensiones, pero al hacerlo se quedan sin dinero para las pensiones futuras, opina Daniela Brandazza, directora ejecutiva de finanzas públicas de Standard & Poor’s.
 Cuando el futuro te alcance
Al igual que el padre del documen­talista Hernández, María Cristina Mejía tiene que buscarse el susten­to, pese a lo avanzado de su edad. Durante muchos años fue comerciante y no ahorró para su retiro, así que hoy cubre una jornada de 5 a 11 pm como empacadora en un autoservicio del centro comercial Mundo E. “Me siento útil”, dice pese a tener que regresar a su casa después de que el transporte públi­co dejó de circular.
Antes los empacadores en los supermercados o “cerrillos” eran niños. Ahora se han incorporado a esa actividad adultos mayores, ya que la falta de acceso a una pensión o a que reciben una que no les alcanza para cubrir sus gastos, los obliga a trabajar por una propina. Seis de cada 10 mexicanos mayores de 65 años no están en ningún sistema de retiro que garantice una pensión en la vejez, y Mejía forma parte de esa estadística.
El que los adultos en edad de jubilación sigan activos laboralmente inhibe la productividad del país, ya que se impide la incorporación de jóvenes con mayor capacitación, opina Pérez, de Monex. Estimaciones hablan de que 25% de las personas de más de 80 años siguen trabajando.
En el caso de los principales sistemas de pensiones contributi­vas, el IMSS e ISSSTE, sólo cubren a 39.9% de la población económi­camente activa (PEA), esto es cerca de 56.6 millones de personas. Pero incluso el otro 40% que sí tiene derecho a una pensión, sólo obtiene en promedio entre 30 y 50% de su último salario. Con el esquema actual, en el que el trabajador aho­rra 6.5% de su salario, alguien que percibió 30,000 pesos mensuales en el último quinquenio de su vida laboral y estuvo afiliado al IMSS, recibirá 9,900 pesos.
Una de las razones por las que la cobertura del sistema de pensiones no ha evolucionado como se esperaba es la alta tasa de infor­malidad en el mercado de trabajo. Además, las tasas de reemplazo de las pensiones por vejez (la pensión obtenida respecto de los últimos salarios) serán bajas en el sistema de contribución definida, debido al bajo porcentaje de aportaciones y a la proporción de la población que cotiza: sólo 26% de la pea.
La situación económica de los mexicanos tampoco ayuda para tener un sistema de ahorro para el retiro robusto. Uno de cada cinco mexicanos con empleo gana un sa­lario mínimo (1,943 pesos mensua­les), además de que en los últimos 20 años han perdido 72% de su poder adquisitivo, lo que limita el ahorro voluntario que haría crecer la bolsa de recursos de la cual saldrá la pensión.
Los trabajadores con mejores ingresos tampoco tienen incentivos para ahorrar. Sólo es posible deducir de impuestos el 10% de los ingresos ahorrados en un año, siempre que ese monto no supere el equivalente a cinco salarios mí­nimos anuales (109,171 pesos).
Además de la baja capacidad de ahorro, la mayoría de los mexicanos dan alta preferencia al consumo presente y priorizan los beneficios de corto plazo, además de que los trabajadores desconocen los productos y características de los planes de ahorro voluntario, indica el estudio presentado a finales de mayo.
Los rendimientos de las empre­sas que administran los ahorros de los trabajadores en el sistema individualizado tampoco ayudan. Desde 1997, las afores en México han ofrecido un rendimiento anual promedio de 6%, una tasa inferior a la de otros países, lo que aleja más la posibilidad de recibir una pensión adecuada para mantener el estilo de vida al que se acostum­bró un trabajador durante su vida laboral.
La Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar) reconoce que persiste una alta concentración de las inversiones de las afores en instrumentos de deuda. A diferencia de países como Chile, en México sólo 20% de los fondos pueden invertirse en el extranjero, lo que limita la búsqueda de ganancias.
Las administradoras del país an­dino, que tienen permitido invertir hasta 80% de los recursos en instrumentos internacionales, lograron rendimientos de 1.40% en el primer trimestre del año, contra una mi­nusvalía de 1.27% en el caso de las administradoras mexicanas, según la Amafore. “Si no modificamos y damos más libertad para invertir en distintas alternativas, será inevitable tener menores rendimientos hacia adelante”, reconoce Carlos Ramírez, presidente de la Consar.
De hecho, eso ya sucede. Mientras que en los primeros 10 años después de la reforma de 1997 el rendimiento promedio para los trabajadores que tienen una afore fue de 9%, hoy es de sólo el 6%.
Una forma de mejorar los rendimientos para los trabajadores es la reducción de las comisiones que cobran las afores por adminis­trar los fondos. Pero la regulación determina el cobro de una sola comisión como porcentaje de los saldos administrados, con lo cual las administradoras que están por debajo del promedio de comisiones, no tienen incentivos para bajar aún más los precios.
México podría adoptar el esquema vigente en Uruguay, donde las administradoras eligen el porcentaje de comisiones que cobran. Sólo que enfrente tienen la competencia de una administradora estatal, que tie­ne 40% de los afiliados y 56% de los fondos, y cobra bajas comisiones, lo que la convierte en un regulador na­tural de precios. La gran asignatura de las pensiones es la competencia, señala Gabriel Martínez, profesor investigador del Itam.
En casi 20 años, prácticamente no hay empresas nuevas que hayan llegado al mercado, lo que limita las opciones del trabajador y hace que tengan que conformarse con las minusvalías que tiene el sistema, pero sobre todo aceptar que las comisiones no bajen.
“Se comparan las comisiones respecto de los activos, como estos aumentan siempre parecerá que bajan las comisiones y no necesa­riamente es así, siguen siendo muy altas –explica Martínez. Si hubiera competencia, veríamos a los trabajadores escogiendo sus instrumentos de inversión; un sistema más sencillo de ahorro y decisión sobre tus recursos”.
El pasado 6 de julio, la Co­misión Federal de Competencia Económica informó que inició una investigación de las afores por posibles prácticas monopólicas absolutas (colusión entre competidores para manipular precios o repartirse un mercado).
Ramírez, de la Consar, estima que las comisiones seguirán a la baja y un nivel adecuado podría ser de 1.1% a 0.80%. Las afores también deben mejorar su capital humano — la Consar está próxima a emitir una circular para regular el tema— me­jorar su gobierno corporativo, las reglas para los traspasos y blindar las decisiones de inversión.
Pero el abismo sigue ahí. ¿Cómo salimos de este nudo?, se pregunta el presidente de la Consar. El ca­mino tomado por países europeos, donde el envejecimiento demográ­fico es más marcado que en México, es el impulso del ahorro voluntario y aumentar la edad de jubilación.
En el caso de México, sería necesario ahorrar al menos 15% del salario, calcula Sinha. Pero si el gobierno quiere que el trabajador contribuya más a su propia pensión, hacen falta incentivos como una mayor deducibilidad de las aportaciones y más mecanismos para imprevistos. “Al trabajador le gusta tener su fondo de ahorro, pero también tenerlo disponible”, dice Andrés Castro, presidente ejecutivo de SURA Asset Management Latinoamérica.
El primer desafío es que el problema de pensiones esté en la agenda de los gobernantes, señala Sinha, pues en 15 años “se comerán” la mitad de las finanzas públicas. Pero Sinha es realista. “Luego de una reunión en la Cámara de Diputados un legislador me dijo: `mire usted, dice que en 2030 vamos a tener un grave problema, en esa fecha yo ya no estaré en la Cámara de Diputados, a mí qué”.
El punto es que si no se plantea una solución hoy,  no la habrá mañana.
Desastroso no? , pero ese es el panorama ante el cual nuestras autoridades siguen impavidas, mientras la deuda publica sigue aumentando y se pone en peligro la viabilidad financiera de la seguridad social y del país entero. Seguramente la historia los juzgará.



domingo, 2 de agosto de 2015

ANTE LA CRISIS, EL SINDICATO DEL IMSS DEBERÁ PONERSE LAS PILAS.

Autor: Maestro en Derecho Héctor Alfredo Ramírez Cárdenas[1]



 Para nadie es un secreto la severa crisis financiera por la que atraviesa el IMSS, al que ya no hay dinero que le alcance, pues mientras  tiene  ingresos  por  aproximadamente  337, 227 millones de pesos, sus erogaciones alcanzan los mil millones de pesos,  de  los  cuales  casi  el  68% se destina a las pensiones otorgadas a sus derechohabientes,   y a las jubilaciones de su personal.  Su pasivo laboral es de 1.9 billones de pesos, lo que equivale al 16 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y de  este  total,  el 71 por ciento proviene de los compromisos laborales que corresponden al IMSS como patrón, es decir los beneficios  que  recibe  cada  pensionado  y/o trabajador con derecho a pensión derivado de su contrato colectivo de trabajo.

Recordemos que los  pasivos laborales, son  pasivos contingentes, es decir, que dependen de diversas circunstancias, y que con diversas metodologías actuariales se calculan estimando las obligaciones de una empresa o institución con su trabajadores activos y jubilados considerando cuánto tiempo deberá pagar sus sueldos y pensiones, suponiendo un esquema de retiro y de esperanza de vida. 




Dicho de otro modo, y en caso especifico del IMSS, los pasivos laborales son las prestaciones a las que el instituto como patrón esta obligado conforme al contrato colectivo de trabajo celebrado con su sindicato, y no son sino el resultado de los excesos en las prestaciones contractuales,  la parte “obesa” de las “bondades”  otorgadas sin ton ni son sexenalmente  al sindicato, por los gobiernos priistas a partir de Manuel Avila Camacho, y es que, a quien no le gustaría tener un aguinaldo de noventa días, dos periodos vacacionales anuales de diez días cada uno, dieciséis días con goce de sueldo al año, apoyos para renta, despensa y un sinnúmero de prebendas y estímulos, entre los que destacan  los  de Asistencia y Puntualidad, que solo a guisa de ejemplo, anualmente le cuestan  al Imss  13 mil 665 millones de pesos, equivalentes a tres veces el presupuesto con el que trabaja  la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Claro esta, que de todo  esto, de todas estas fabulosas prestaciones, no tienen la culpa los trabajadores, bien por ellos, son logros sindicales, pero tanto su sindicato como ellos, sensatamente deben entender que este tipo de prestaciones, hoy por hoy,  ya son imposibles de seguirse sosteniendo, y menos de incrementarse, no solo porque resultan insultantes al resto de los mexicanos sino porque deben pensar en los derechohabientes a quienes el Instituto se debe, pues sus prestaciones laborales hacen incosteable cualquier servicio prestado por personal institucional, -(de ahí que se este pensando en subrogarlos)- baste decir, solo por hablar de un servicio especifico, del servicio de guarderías, que el cuidado de un infante en una guardería subrogada le cuesta al Imss alrededor de $2,200.00 al mes, mientras que en una guardería propia, es decir con personal sindicalizado, le cuesta mas del doble, sucediendo lo mismo con los centros vacacionales, funerarias,  y su sistema de tiendas  que tan solo en el 2013 tuvo un déficit operacional de  351 millones de pesos .

El instituto cuenta con 443 mil 280 plazas, que se dividen en 366 mil 476 plazas sindicalizadas (incluyen personal de base, sustitutos y médicos residentes), 41 mil 536 plazas de confianza y 35 mil 268 plazas no presupuestarias (honorarios, personal para diversas campañas, supervisores, notificadores, entre otros), pero los riesgos financieros para el IMSS aumentan conforme aumenta la edad de sus trabajadores. En la proximal década habrá cerca de 136,000 nuevos pensionados en el IMSS. Esto absorberá cada vez más recursos e injustamente dejará al Instituto sin presupuesto para atender a sus derechohabientes.

La pensión promedio en el IMSS es de 13,690 pesos mensuales y el esquema permite que los jubilados reciban 32% más de ingresos que el promedio de los trabajadores activos. Además, el salario pensionable se integra por 13 conceptos adicionales, como apoyos económicos para renta, despensa y sobresueldos a médicos. Se estima que para el 2030 habrá más de 400 mil pensionados y jubilados por lo que la dependencia requerirá alrededor de 103 mil millones de pesos anuales solo para solventar el gasto por el retiro de sus trabajadores.

Las proyecciones del instituto señalan que entre 2030 y 2055 se alcanzará el punto más alto de trabajadores retirados, lo que constituirá mayores gastos para la dependencia, ya que se requerirán poco más de 103 mil millones de pesos para solventar los pagos por los empleados que fueron contratados antes de 2005 con las prestaciones del régimen anterior[2], en el que el IMSS era el único responsable de pagar las pensiones de sus trabajadores.

Se estima que en el año 2055 se alcanzará el nivel máximo del pasivo con un importe de pensiones y jubilaciones de 9,587 millones de pesos de 2013.

De esta manera, el pasivo laboral del instituto asciende a 1.9 billones de pesos, al contar las pensiones que ya se pagan, más las que se tendrán que cubrir hasta 2090.


Las proyecciones indican que después de 2040 el número de pensionados comenzará a descender, aunque de manera muy lenta, pues todavía para 2060 el IMSS deberá pagar casi 100 mil pensiones. Sin embargo, los cálculos señalan que esto concluirá hasta 2095, cuando todos los empleados o los familiares que reciben la pensión hayan fallecido.[3]

El economista Pedro Vásquez Colmenares[4], ya desde el 2012 alertaba: “El problema de las pensiones es como una gran chequera social, (los desembolsos) ya tienen nombre, monto y fecha, pero no nos hemos preocupado por revisar el saldo.  En esta misma década se puede vulnerar a los trabajadores en sus sistemas de pensiones. La sociedad tiene que solucionar el problema aceptando el reto. Durante muchos años lo que han hecho es poner en riesgo a los trabajadores y eso es una realidad: la insolvencia ya está aquí y todo el sistema presupuestal está destinando cada vez más recursos a las pensiones en ayuntamientos, dependencias federales y otros.”

En el caso del Imss a partir del año pasado para el cumplimiento de sus obligaciones laborales, en particular las derivadas del régimen de jubilaciones y pensiones, se dice que se empezó a utilizar la reserva actuarial del seguro de enfermedades y maternidad, la cual de acuerdo con las predicciones actuariales se agotará en 2016.

El problema es muy grave, nos guste o no, el Instituto Mexicano del Seguro Social, institución baluarte de la clase trabajadora, y que atiende a 58 millones de mexicanos, esta en quiebra técnica, y no es con reformas timoratas o a medias como se va a resolver. El problema de pensiones trasciende la seguridad social y alcanza al de las finanzas públicas y al de la política, la crisis de las pensiones ya está aquí, y exige soluciones drásticas. La realidad es que como ya lo anotaba, no hay fondos de pensiones, en su momento no se ahorró; El gobierno los actores políticos y las organizaciones de trabajadores , en este caso el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), si no quiere que le  pase lo que al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), si no quiere que el Imss desaparezca o se transforme radicalmente, “si no quiere acabar con la gallina de los huevos de oro”,  se tiene que poner las pilas y con una estrategia de altura,  comenzar  a revisar su contrato colectivo, donde en lo posible se respeten los derechos adquiridos de jubilados y de los trabajadores actuales, pero se modifiquen las condiciones de jubilación y prestaciones de los nuevos y futuros trabajadores.

De antemano sé que lo vertido en este artículo no será del agrado de muchos, pues pueden decir o pensar que se pretende atentar contra el sindicalismo, contra la clase trabajadora del Imss, pero Pitágoras no miente, los números ahí están, y nos muestran un panorama no muy halagador, ante lo cual, pensando primordialmente en los trabajadores asegurados y sus beneficiarios, todos los mexicanos, cada quien en su trinchera, tendremos que buscar con objetividad y  creatividad salvar al Imss,  empezando por sus propios trabajadores.

                                                                                    M.D. HECTOR ALFREDO RAMÍREZ CARDENAS




[1].- Abogado con maestría en Derecho Privado por la Universidad Iberoamericana Puebla, Catedrático  titular  de  las  materias  de Derecho del trabajo y de Derecho de la  Seguridad  Social, en la  Universidad  de las  Américas , Universidad Anáhuac, y Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla;  Catedrático  en  la  maestría  de  Derecho  Fiscal  en  la  propia Universidad Popular  Autónoma  del  Estado de  Puebla, Asesor, capacitador, y conferencista de Coparmex, Canacintra y otros organismos empresariales. http://mx.linkedin.com/in/ramirezcardenasalfredo/

[2] Convenio suscrito el     14 de octubre de 2005 entre el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Mediante esta disposición se modificaron para los trabajadores contratados a partir del 16 de octubre de 2005 los requisitos de edad y antigüedad para la jubilación por años de servicio al pasar de 27  (mujeres)/28  (hombres)  años  de  antigüedad y sin requisito de edad en este Régimen a 34 (mujeres)/35 (hombres) y 60 años de edad. Asimismo, para este Convenio se establece un nuevo esquema de financiamiento

[3] Fuente.- Valuación Actuarial del Régimen de Jubilaciones y Pensiones y Prima de Antigüedad e Indemnizaciones de los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social bajo la Norma de Información Financiera D-3 “Beneficios a los Empleados” al 31 de diciembre de 2013 y Proyecciones para 2014.

3Pensiones en México, la próxima crisis”,  Vázquez Colmenares Pedro, Siglo XXI editores, México, 2012